Por José Adán SilvaMANAGUA, may (IPS) - Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó este mes el caso de la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.
El Comité, reunido en su 42 periodo de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.
Fue el día 14 cuando el Comité contra la Tortura expresó “su profunda preocupación por la prohibición general del aborto”, contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008.
El gobierno del sandinista Daniel Ortega no ha reaccionado hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.
Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro, los supuestos en que anteriormente era legal la interrupción del embarazo.
Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.
El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa “una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas” y supone “un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión”.
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.
Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.
El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género.
“El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, dictó en su informe.
En concreto propuso al país estudiar “la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”, y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.
La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.
El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es “una condena internacional contra Nicaragua”.
“El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica”, señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.
Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y “una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres”.
El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico “contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura”.
Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero el caso está paralizado en el máximo tribunal del país, critican los demandantes.
Finalmente, en abril, el vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Rafael Solís, anunció un anteproyecto de sentencia que revertiría la reforma antiabortista, en respuesta a las demandas de la sociedad civil.
El anuncio formaría parte de un nuevo cambio en las relaciones de Ortega con la jerarquía católica, con la que está ahora fuertemente enfrentado. La Iglesia acusa a Ortega de fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 y el presidente replica rodeándose en público de imágenes católicas y proclamándose como el “cumplidor” de los designios divinos para “el pueblo”.
Sectores feministas interpretan el anuncio de la Corte Suprema como una amenaza a la jerarquía católica si sigue con sus críticas a los resultados electorales, y no como una voluntad de impulsar una sentencia que reponga el derecho parcial al aborto.
El magistrado de la Corte Suprema, Sergio Cuarezma, cercano a la oposición liberal, confirmó a IPS que no existen proyectos de sentencia favorables a restituir el aborto terapéutico. Pero no se pronunció sobre el dictamen del Comité.
“En la Corte Suprema de Justicia se encuentran dos recursos de inconstitucionalidad, uno, en contra de la ley del 2006 que deroga el aborto terapéutico del Código Penal antiguo y el otro en contra de la ley del 2008, Código Penal vigente que no contempla dicha figura”, informó.
Cuarezma precisó que hay 72 recursos interpuestos contra la disposición legal y que la población y los recurrentes deben saber que “no hay proyecto circulando, pero sí voluntad de resolverlo”.
La administración de Ortega ha sostenido desde su ascenso al poder en 2007 una relación conflictiva con las organizaciones feministas y las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, a las que acusa de ser “agentes del imperio” y de “conspirar” para derrocarlo.
Para la activista Jiménez, las autoridades deberían cumplir las recomendaciones del Comité rápidamente “porque ser señalados de estar cometiendo tortura contra las mujeres, que representamos más de la mitad de la población nicaragüense, implica el riesgo de ser calificado internacionalmente como un Estado violador de los derechos humanos”.
La Convención que da vida al Comité reconoce como tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido”.
Además considera tortura el acto de castigo físico o mental para intimidar o coaccionar “por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
“La ley contra el aborto terapéutico es una tortura. Causa dolor y sufrimiento, fue impuesta con motivaciones específicas, refleja el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos, como trata de imponer una creencia religiosa a costa de la salud, aun cuando el país es laico según la Constitución, y es infligida como política de Estado”, denunció Jiménez. (FIN/2009)
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